Teniendo en cuenta el reconocimiento reciente que tuvo el país por parte de la OCDE respecto a la transición que hace a un gobierno digital, es válido visibilizar las políticas o lineamientos que ha definido el país al respecto, con el fin de reflexionar en relación con las medidas que se han tomado para hacer la transición de un gobierno en línea a un gobierno digital eficiente.
Desde sus inicios, la Estrategia Gobierno en Línea centró sus esfuerzos en introducir las TIC en los procesos y procedimientos de las entidades del Estado, con el objetivo de mejorarlos, automatizarlos y volverlos más eficientes, para mejorar la gestión pública y la relación del Estado con los ciudadanos. Bajo este enfoque, desde el Decreto 1151 de 2008 se estableció como objetivo de la Estrategia Gobierno en Línea “Contribuir con la construcción de un Estado más eficiente, más transparente y participativo, y que preste mejores servicios a los ciudadanos y a las empresas, a través del aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y la Comunicación”.
A partir del Decreto 1008 de 2018 “Por el cual se establecen los lineamientos generales de la política de Gobierno Digital y se subroga el Capítulo 1 del título 9 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario del sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones”, el gobierno estableció un objetivo, unos propósitos, componentes, elementos, responsables, entre otras variables, tendientes a consolidar un estado que adopte el gobierno digital. “Este consiste en el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones para consolidar un Estado y ciudadanos competitivos, proactivos, e innovadores, que generen valor público en un entorno de confianza digital”.
Es decir, se espera que una entidad u organismo del orden público pueda describirse como competitiva cuando se reconoce de manera clara que es accesible, que está disponible y tiene capacidad de respuesta ante las necesidades de los ciudadanos aplicando lineamientos relacionados con los ambientes digitales, con la gestión de datos, información, documentos y conocimiento gestionado de forma digital. También se espera que los organismos sean proactivos en el marco del gobierno digital, cuando se anticipan a las necesidades de los ciudadanos y prestan sus servicios antes de que ellos manifiesten sus exigencias, cuando mitigan riesgos y hacen un seguimiento a las nuevas tecnologías. Por último, que las entidades públicas sean innovadoras cuando dan lugar a la interacción, participación y colaboración entre diferentes actores que puedan aportar soluciones a las necesidades de la ciudadanía a partir del uso de las TIC.
Por otro lado, al implementar una política de gobierno digital el resultado que se espera en los ciudadanos es que, cuenten con “recursos efectivos, ágiles y fáciles de usar para interactuar con el Estado a través de los medios digitales”; que participen activamente en la toma de decisiones al hacer uso de los servicios dispuestos a través de medios digitales, y que a través del mismo canal puedan ser uno de los actores que colabora de manera creativa en la resolución de problemas.
También vale la pena resaltar a que se refiere el Artículo 2.2.9.1.1.1 del Decreto 1008 de 2015 cuando menciona “Valor público” en su objetivo. Este término hace referencia a cómo las tecnologías ayudan a resolver problemas reales de la ciudadanía, es decir, que el valor público se relaciona con el desarrollo social, la satisfacción de necesidades, prestación de servicios de calidad y el mejoramiento de la condición de vida de los ciudadanos. En este sentido el “valor público” adquiere una dimensión relacionada con el bienestar de los ciudadanos, en el cual las entidades a través de la política de gobierno digital los empodera, los hace partícipes del estado y el objeto del enfoque central de su transformación.
En concordancia con el objetivo descrito, en la política también se plantean unos propósitos los cuales son:
- Habilitar y mejorar la provisión de Servicios Digitales de confianza y calidad.
- Lograr procesos internos seguros y eficientes a través del fortalecimiento de las capacidades de gestión de tecnologías de información.
- Tomar decisiones basadas en datos a partir del aumento en el uso y aprovechamiento de la información.
- Empoderar a los ciudadanos a través de la consolidación de un Estado Abierto.
- Impulsar el desarrollo de territorios y ciudades inteligentes para la solución de retos y problemáticas sociales, a través del aprovechamiento de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
Si bien estos propósitos pretenden especificar para qué sirve la política, y cuáles son los resultados esperados al implementarla en las entidades públicas, es importante resaltar que el éxito no solo depende de cómo esté estructurada o formulada, sino de la labor y el compromiso que tengan las entidades para cumplir con los lineamientos formulados, planteados a través de planeación estratégica y en razón de su actividad misional, que se definan responsables, tiempos de ejecución, que se consideren recursos y que se haga un seguimiento y evaluación de los cambios.
Algunos de los beneficios de la política de gobierno digital es que puede incrementar la transparencia, la seguridad de la información, la calidad de los servicios, la atención al ciudadano, eliminar brechas entre la ciudadanía y el estado gracias a los medios digitales, así como también el mejorar la gestión de la información y la gestión documental de las entidades públicas.
Referencias
1 Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Viceministerio de Economía Digital. Dirección de Gobierno Digital. MANUAL DE GOBIERNO DIGITAL: Implementación de la Política de Gobierno Digital Decreto 1008 de 2018 (Compilado en el Decreto 1078 de 2015, capítulo 1, título 9, parte 2, libro 2)